Las Guerras Carlistas

La Constitución de Cádiz determinó la creación de un cuerpo de milicias nacionales, pero éste no se configuró hasta bien entrado el Trienio Liberal (1820-1823). En abril de 1820 se comenzó a poner en marcha la creación de la Milicia Nacional con el fin primordial de abortar las intentonas golpistas de la Guardia Real, de carácter absolutista. Los milicianos se elegían entre quienes disponían de propiedad, renta, industria u otro modo de subsistir a juicio del ayuntamiento y los cargos eran amovibles y electivos y eran compatibles las funciones en la milicia con la actividad profesional.

Entre las obligaciones de la milicia estaban: “sostener la Constitución”, “dar las patrullas necesarias para mantener el sosiego público” y “defender los hogares y términos de sus pueblos de los enemigos interiores y exteriores”

El Picazo, que era un pueblo de ideas bastante liberales, enseguida se puso manos a la obra para constituir su milicia, que quedó formada por 56 milicianos y disponía como armamento de 11 escopetas y 4 bayonetas. La milicia fue un instrumento muy importante en la vida del pueblo durante la mayor parte del siglo XIX ya que era la única fuerza de orden en los pueblos hasta que se constituyó la Guardia Civil y se fue haciendo cargo del orden público en las zonas rurales. La milicia del Picazo tuvo un papel destacado durante las guerras carlistas.

Al comienzo de la sublevación carlista hubo muchos intentos en diversos pueblos de las provincias de Cuenca y La Mancha de unirse al partido carlista. En realidad la mayoría de las partidas de la Mancha, más que carlistas de ideas, eran grupos que se dedicaban a combatir por su cuenta y en provecho propio, recaudando y extorsionando a los ricos y a los pueblos.

En el mes de setiembre de 1834 se produjo un levantamiento de facciosos carlistas en Campillo de Altobuey, que fue atacado por la partida de Perejil. La milicia del Picazo alertada, sale al completo a defender Campillo y, aprovechando su ausencia, el tres de septiembre se produce un levantamiento de los carlistas del Picazo, dirigidos por Pedro Aquilino Zapata, de 23 años, estudiante de filosofía, natural de Cardenete, considerado el comandante de la sublevación. Una vez que salió la milicia hacia Campillo de Altobuey, el alcalde Don Tomás Martínez, que desconfiaba de los vecinos del pueblo que eran simpatizantes carlistas, en la noche del dos de setiembre de 1834, se pasó por las casas de varios de ellos y comprobó que ninguno estaba en ellas. Los hizo llamar al Ayuntamiento a la mañana siguiente y les reconvino por esta falta y se disculparon por haberse ausentado. El alcalde, no estimando suficiente la disculpa, les ordenó que se presentaran en la cárcel para dejarlos detenidos como precaución al ser consciente de que no tenía fuerzas de la milicia para evitar cualquier sublevación. Los carlistas le suplicaron que les permitiera comer en sus casas antes de ingresar en la cárcel, y habiéndoles dado permiso para ello, en lugar de hacerlo así, se marcharon todos juntos hacia la chopera del puente. Presumiendo el alcalde que esta reunión fuese la preparación de una sublevación, se dirigió, como a las tres de la tarde, al sitio donde estaban para arrestarlos, acompañado del regidor Vicente Olivares y el secretario, Juan Bernardino Turégano y los cinco únicos milicianos que habían quedado en el Picazo. Cuando se acercaron a una distancia de cincuenta pasos, salieron de la chopera los que estaban emboscados en ella haciendo fuego con las armas que llevaban dando al mismo tiempo las voces de ¡Viva Carlos V! y ¡A ellos!. Viendo el Alcalde la superioridad de las fuerzas de los sublevados retrocedió y mandó a los que le auxiliaban que le siguieran al pueblo para rehacerse con más fuerzas, pero los sediciosos los rodearon con algazara y gritería, haciendo muchas descargas de sus armas. Una de las balas dio al secretario Juan Bernardino Turégano causándole la muerte en el acto.

Las fuerzas leales se replegaron hacia el pueblo y el alcalde llegó a su casa pálido y sin poder casi respirar pidiendo a toda prisa el caballo y montando en él a pelo marchó a escape a Tébar para traer las milicias de ese pueblo. A continuación los sublevados avanzaron hacia el pueblo y atacaron la casa del alcalde y varias casas de los miembros de la milicia de las que sustrajeron diversos efectos y dinero. Una vez realizados los saqueos, y ante el peligro de que llegaran refuerzos de Sisante y Tébar, se retiraron hacia el puente desde donde, reunidos ya en facción, escaparon por la vereda adelante yendo a esconderse en la casa de campo llamada Navodres, cerca de Buenache de Alarcón. Cuando se encontraban escondidos en Navodres se corrió la voz de que llegaban los nacionales y cada uno tiró por su lado. Algunos fueron capturados enseguida y otros se marcharon hacia la sierra de Cuenca a incorporarse a las tropas de Cabrera.

A lo largo de los años 1835 y 1836 se siguen produciendo continuos saqueos y robos en los pueblos provocados por las partidas carlistas que deambulan por la región. En el mes de marzo de 1836 las partidas eran un peligro real para los pueblos del partido y el Comandante General de la Provincia se dirigió a las milicias de guardias nacionales de los pueblos solicitando ayuda para eliminar las partidas carlistas y recuperar la tranquilidad de los pueblos.

La milicia del Picazo, siempre dispuesta, se ofrece en su totalidad para salir en auxilio de los pueblos atacados pero el Ayuntamiento, recordando la trágica experiencia del 3 de setiembre de 1834, acuerda enviar a la mitad de la milicia, permaneciendo la otra mitad, junto con algunos voluntarios, de guardia en el pueblo.

La entrada de las partidas carlistas en los pueblos para cobrar impuestos y robar es una constante durante estos años. Para prevenir lo más posible los daños, las milicias del partido de Motilla se organizaron y repararon el castillo de Alarcón para instalar en el un grupo permanente de la milicia que servía tanto para la defensa de la comarca como para dar refugio a los liberales más comprometidos de los pueblos cuando se acercaban partidas carlistas. La guarnición del fuerte de Alarcón estaba constituida por milicianos de los pueblos que cubrían el servicio de forma rotativa, pagando cada Ayuntamiento el sueldo fijado a sus milicianos.

El Picazo, por la importancia de su milicia y las numerosas salidas que había hecho para atacar a las partidas carlistas tenía un numeroso grupo de liberales que eran buscados por los carlistas y corrían peligro, entre ellos varios miembros del Ayuntamiento. En prevención de posibles ataques al pueblo, el Ayuntamiento en 20 de febrero de 1837 acordó el nombramiento de un ayuntamiento paralelo para ponerse al frente del pueblo y recibir a las partidas carlistas en caso de tener que escapar los liberales a refugiarse en Alarcón. Así, tenían un ayuntamiento para recibir a las tropas leales y otro para recibir a las tropas carlistas.

Todavía a fines del año 1838 se hallaban 15 vecinos en las filas rebeldes y solamente 3 se encontraban en las filas nacionales. El Picazo, desde la primera guerra carlista mantenía un importante grupo de simpatizantes del carlismo bien organizado a cuyo frente existía una junta integrada por D. Gregorio Sáiz, D. Mariano Miguel Blasco, D. Estanislao Vallés Martínez, D. Julián Pastor Meneses, D. Gerardo Sáiz Sáiz, D. Felipe Sáiz Pastor y D. Isidoro Pastor Montejano.

Al comienzo de la tercera guerra, y por orden del Gobernador Civil de la provincia, quedó disuelta la citada junta. Los simpatizantes más entusiastas se marcharon inmediatamente a enrolarse en las filas carlistas e incluso a fines del año 1874 no se pudieron enviar al ejército los mozos a los que les correspondía incorporarse porque, según comunica el Ayuntamiento al Gobernador Civil, todos los mozos de la quinta se habían marchado a los carlistas. Una vez que se proclamó rey a Alfonso XII, la guerra carlista dio un vuelco y comenzaron a desaparecer las partidas de la provincia de Cuenca. Los vecinos del Picazo que estaban en el bando carlista, comienzan a desertar a partir de mediados de 1875 y regresan al pueblo, acogiéndose al indulto concedido por el Rey a los que abandonasen las armas. Con relación a los vecinos que todavía no habían regresado, el Gobierno Civil tomó medidas de destierro para sus familias, entregándoles pasaporte para su destino. Las familias en que quedaban otros hijos varones en edad militar, fueron desterradas a Mallorca y las que no los tenían, fueron desterradas a Estella, la capital de los carlistas. Las secuelas de la guerras carlistas, debido a los indultos generales, terminaron rápidamente y así el 1 de octubre de 1876, ya no quedaba vecino ni familia que estuvieran desterrados o confinados.

Las ideas era otra cosa y por lo que se ve, los carlistas del pueblo siguieron manteniéndose en ellas y así, todavía el 8 de enero de 1887 el alcalde se ve en la obligación de comunicar al Gobernador Civil “que algunos vecinos de esta localidad se presentan en público con boinas rojas».